El contexto colombiano de las mujeres y la construcción de paz

 

Tomando en cuenta el recorrido por el que hemos avanzado en el ámbito internacional y en el contexto mundial, ahora entraremos a dar un vistazo al panorama nacional.

La Constitución Política de Colombia consagra la paz como un derecho fundamental y la convivencia pacífica como un fin del Estado.

El marco de acción de la paz en Colombia en los últimos años, redundó en los diálogos de La Habana, de los cuales se obtuvo el acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC en 2016.

El acuerdo firmado

El documento firmado el 26 de septiembre de 2016 es ante todo un acuerdo por el cual las FARC renuncian a su proyecto, esbozado desde 1962, de llegar al poder por medio de las armas, y aceptan seguir las reglas de la democracia colombiana para buscar sus objetivos políticos.

El gobierno, por su parte, renuncia a imponer a los rebeldes los castigos definidos por la ley penal para sus delitos políticos, conexos o de otro tipo, y se transa por un conjunto de sanciones que permita a los miembros de las FARC actuar legalmente en política: sanciones breves y que no impliquen, por regla general, la pérdida de los derechos políticos para los dirigentes de la guerrilla.

Entre los principales puntos de dichos Acuerdos de Paz se destacan los siguientes:

La renuncia a la lucha armada y la participación en la política democrática

El acuerdo establece que, en un máximo de 180 días a partir de su entrada en vigencia, las FARC entregarán las armas y buscarán promover sus ideas mediante la participación electoral y el debate democrático. Esto requiere:

  1. La entrega de todas las armas de las FARC a representantes de las Naciones Unidas.
  2. La definición de la condición penal de los guerrilleros, mediante una ley de amnistía, cuyos elementos centrales se resumen más adelante.
  3. La formación de un nuevo partido político. Este partido contará con algunas condiciones favorables para su acción:

Amnistía y justicia

El acuerdo busca encontrar un punto medio entre la exigencia de castigo a los miembros de las FARC, reforzada por nuevos compromisos internacionales, y la necesidad de conceder una amnistía amplia a cambio de la renuncia a la lucha armada. Para ello se apoya en los recientes argumentos acerca de la “justicia transicional” y busca satisfacer las exigencias mínimas previstas por los organismos y cortes internacionales, las cuales reiteran la necesidad de dar a las víctimas de la guerra o el conflicto una satisfacción mínima en tres aspectos: que sepan qué ocurrió (verdad), que haya un castigo mínimo aceptable (justicia) y que haya formas de compensación, moral o material, para las víctimas (reparación). En este caso, el acuerdo admite -y este es un elemento muy importante de su estructura y su lenguaje- que en el caso colombiano las personas fueron víctimas tanto de la guerrilla como del Estado y de los organismos paramilitares, promovidos por civiles para enfrentar a la guerrilla pero frecuentemente apoyados por miembros o agentes del gobierno. Así, cuando la guerrilla rechaza el uso de la fuerza para imponer las ideas políticas o pide el castigo a los victimarios, puede dirigirse ante todo a los paramilitares o a los agentes del Estado que cometieron delitos, aunque lo que censure pueda haber sido hecho también por la guerrilla. Muchos de los textos del acuerdo están orientados a mostrar que no se incurre en las causales señaladas por las cortes internacionales para controvertir las amnistías aprobadas en acuerdos previos de paz en otros países. En concreto, los acuerdos establecen:

  1. Habrá una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, integrada por 11 personas, que funcionará por tres años, oirá en forma pública las declaraciones de los responsables de los hechos y hará un informe.
  2. Habrá una Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuyo tribunal más alto estará compuesto por 24 magistrados, seis de ellos extranjeros, para juzgar a los responsables por hechos relacionados con el conflicto. Estará apoyada por una Unidad de Investigación y Acusación, una especie de Fiscalía para la JEP. Habrá amnistía plena por los delitos políticos y conexos, según lo determine la ley que apruebe el Congreso si se refrenda el plebiscito, y que en el proyecto anexo a los acuerdos amplía las definiciones actuales de conexidad. Pero no habrá amnistía para los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En general se adoptan las definiciones normales sobre estos delitos, que incluyen el secuestro, el reclutamiento de menores, la toma de rehenes, las acciones militares contra objetivos civiles, la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzosa, etc., pero los textos abren el campo a posibles controversias, sobre todo por la sugerencia reiterada, aplicada en el texto ante todo al narcotráfico, de que los delitos cometidos para obtener recursos para la guerra son por definición conexos. Algunos podrán intentar ampliar esta definición al secuestro extorsivo y no solo, como ya se dice en el acuerdo, a la captura de combatientes en “acciones militares”, que probablemente incluye la captura de rehenes militares en una “emboscada”. Seguramente se presentarán controversias sobre acciones orientadas por una lógica militar, que no tienen en cuenta razonablemente el alto riesgo para los civiles, como el uso de cilindros bombas o el minado de vías.
  3. Los delitos de lesa humanidad y de guerra tendrán diferentes tipos de sanción. Esta será aplicada por el sistema de justicia transicional si el acusado hace una declaración verdadera de los hechos, es decir, si contribuye sin reticencias al establecimiento de la verdad para las víctimas. Las sanciones del sistema de la JEP consisten en restricciones temporales a la libertad de movimiento (una especie de “libertad condicional” dentro de un área limitada, donde quienes las reciban realicen tareas sociales), a las que se suman obligaciones de trabajo comunitario o social y de apoyo a los objetivos del acuerdo, como el desminado (o para decirlo en el lenguaje eufemístico que a veces se emplea en el acuerdo, a “la limpieza y descontaminación de municiones sin explotar”), o la siembra de cultivos legales. Las personas sancionadas por la JEP en los casos a y b siguientes no pierden sus derechos políticos, y este es un punto central en la aplicación de los acuerdos.
    1. Si la participación en esos delitos fue secundaria o en obediencia de órdenes del mando guerrillero (o militar), habrá una sanción de 2 a 5 años. (Esto podría incluir, por ejemplo, a los miembros de un grupo que hizo un secuestro o mantuvo vigilados a los secuestrados).
    2. Si la participación en estos delitos es directa o decisoria, la sanción es de 5 a 8 años.
    3. En los casos en que se pruebe que no hubo una declaración oportuna de verdad (reconocimiento “tardío”), la duración de la sanción es igual, pero se considera que es una sanción ordinaria y puede incluir “privaciones efectivas de la libertad”, es decir cárcel o prisión, y parece que los condenados pierden sus derechos políticos mientras cumplen la pena.
  4. Para los delitos de lesa humanidad y de guerra en los que no haya reconocimiento y “verdad” las penas pueden ir de 15 a 20 años de prisión. Las implicaciones de esto pueden ser graves: el acusado pierde los beneficios económicos, los derechos políticos y la garantía de no extradición que se aplica a todos los sancionados por la Justicia Transicional.
  5. La Justicia Transicional puede ser aplicada, además de a los guerrilleros y los militares -dentro de la ficción adoptada sobre los agentes del “conflicto armado interno”-, a terceros, a particulares que hayan intervenido conformando o financiando grupos de justicia privada o paramilitares y que no se hayan sometido a la Ley de Justicia y Paz. En estos casos, dado que podría llevar a una acción contra un número muy amplio de personas, muchas de ellas con elevado poder económico o social, la responsabilidad se restringe a las que hubieran sido determinantes en las acciones ilegales u organizadores de esos grupos; se excluye, por lo tanto, a los propietarios o empresarios rurales, por ejemplo, que pagaron a esas organizaciones como respuesta a amenazas de estas. Esto, que puede llevar a controversias complejas para probarlo, deja confusa la situación de la mayoría de los contribuyentes, que usualmente estaban amenazados por la guerrilla, no participaban en la organización de los grupos, pero los veían con algo de simpatía, incluso si censuraban sus excesos. Sin embargo, es poco probable que el sistema de justicia se mueva contra ellos, excepto en casos muy especiales.
  6. Para los casos de personas ya condenadas (lo que es aplicable a guerrilleros ya condenados o a militares sancionados por “falsos positivos” o desapariciones, por ejemplo), el interesado puede pedir la revisión de su caso por la jep. Esto es también aplicable a civiles condenados por apoyo a organizaciones armadas privadas. En estos casos, parece que solo es posible una reducción de la pena actual.
  7. Para la determinación de responsabilidades se acepta que en principio los comandantes de las FARC presenten la lista de los miembros y los hechos de los que se hacen responsables. Esto puede servir para evitar incongruencias, o que en una nueva declaración “personal” salgan a la luz hechos que incriminen a alguien por algo que no dijo, y podría llevar a que solo se tengan en cuenta los hechos que los dirigentes de las FARC quieran presentar. Sin embargo, se requiere que esta información se confirme mediante una presentación personal, y esto puede llevar a un sistema que cumpla mejor con la intención de que las víctimas de las FARC reciban información verdadera de lo que pasó con sus deudos.
  8. Dada la importancia que se da a la lucha contra los grupos paramilitares, se crea una “Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

 

Reforma Agraria Integral

El acuerdo, que acepta la argumentación convencional y muy discutible de que el conflicto armado ha sido en gran parte provocado por el problema de la tierra, establece el compromiso del gobierno de poner en marcha un programa de reforma agraria integral. En la práctica, es una propuesta más bien moderada, menos ambiciosa que la reforma agraria aprobada en 1967, que se concentra en la distribución de tierras en el dominio público y en el desarrollo de programas complementarios de desarrollo rural. Incluye fundamentalmente:

  1. Usar el Fondo de Tierras, integrado por las propiedades que han revertido al Estado por diferentes tipos de extinción de dominio (delitos, ilegalidades en su adquisición, ausencia de explotación por el periodo mínimo legal), para conformar fincas campesinas. El acuerdo habla de que hay 3 millones de hectáreas disponibles, lo que es dudoso, pues muchas de esas tierras se encuentran en medio de largos y difíciles procesos. A esto se añadirían, como ya es posible, expropiaciones y compras, áreas recortadas a las zonas de reserva natural y, por supuesto, los baldíos en zonas aptas para cultivos campesinos.
  2. Dar subsidio o crédito para la adquisición de propiedades campesinas por compra. En este aspecto, el país ha sido totalmente discriminatorio: dio, a partir de 1991, más de un millón de subsidios para la compra de viviendas para sectores populares urbanos y no puso en práctica real, aunque lo aprobó, un sistema similar para conformar propiedades campesinas. Si en los próximos cinco años se logran crear, con un subsidio parcial -el acuerdo habla de “subsidio integral”-, 100.000 fincas de 10 hectáreas en promedio, esto requeriría un millón de hectáreas y recursos muy inferiores a los empleados en el programa de vivienda gratuita, y podría ser la base para un nuevo lanzamiento de la economía campesina en Colombia.
  3. Expedir títulos plenos de propiedad a 7 millones de hectáreas que son hoy, según cifras imprecisas, posesiones informales.
  4. Hacer un catastro rural de calidad. Esto, que está aprobado en la ley hace al menos 150 años, busca al mismo tiempo formalizar los títulos rurales y ser base para un buen sistema de impuesto predial rural, con impuestos más progresivos que los actuales (hoy el predial tiene progresividad entre el 4 y el 10 por mil).
  5. Cerrar la frontera agraria. (También en este caso la ley, desde hace más de 20 años, decretó su cierre).
  6. Poner en marcha programas complementarios como los que se promovieron siempre en las leyes anteriores de reforma agraria y han hecho parte de la retórica y de los proyectos de desarrollo de casi todos los gobiernos a partir de 1958: crédito, mercadeo, infraestructura, educación, salud, asistencia técnica, alimentación apropiada, etc. (Como subrayó Alvaro Gómez Hurtado para frenar la distribución de tierras, la reforma agraria no podía limitarse a dar tierra: tenía que incluir todos estos aspectos).
  7. Los acuerdos agrarios pueden crear grandes expectativas en relación con la aplicación local de los diversos planes de desarrollo convenidos, y en particular dudas sobre las normas vigentes en las zonas de reserva campesinas y en las zonas donde se apliquen los planes de acción local o regional, así como sobre los poderes de las comunidades y de los organismos creados para tomar decisiones obligatorias. En general, parece que los acuerdos no crean condiciones nuevas de aplicación de la ley en estos sitios, y la aplicación de los diversos planes dependerá de las reglas legales generales: aunque la consulta a las comunidades se menciona en muchos casos, no parece tener el efecto de la consulta a las comunidades establecida en relación, por ejemplo, con proyectos de minería en zonas indígenas. El punto en el que adquiere mayor peso es en el de la substitución de cultivos ilícitos, pero aun en ese caso la opinión de los consultados no es de cumplimiento obligatorio.

El narcotráfico

El acuerdo, en textos llenos de eufemismos, establece el compromiso de las FARC de contribuir “de manera efectiva” y de diferentes formas para la solución definitiva a este problema, pero no hay compromisos específicos ni obligaciones claras de dar información sobre procesamiento o comercialización.

El gobierno se compromete a “poner en marcha” “políticas y programas” para enfrentar la corrupción producida por la droga, etc. Entre otras cosas se compromete a perseguir el narcotráfico (p. 109) y el lavado de activos, al control de insumos, a la extinción de dominio (una “nueva estrategia de política criminal” que incluye “articular instancias”, un uso más “eficiente de los recursos”, la formulación de un nuevo estatuto” contra el lavado de activos y el control de la importación y comercialización de insumos para la producción de drogas”).

Lo fundamental, que simplemente reitera las políticas actuales, es el compromiso de tratar el consumo como un tema de salud, lo que en términos generales ya es aceptado en el país, y erradicar los cultivos en forma voluntaria, aunque si esto no se logra o las comunidades se oponen, podrá haber erradicación manual. Los cultivadores campesinos no serán castigados penalmente, lo que de hecho ya ocurre y es parte de cualquier política sensata contra la droga, que debe centrarse en la represión del tráfico y del procesamiento.

Compromisos varios

Los acuerdos incluyen decenas de compromisos menores sobre diferentes aspectos de la acción pública. En particular, vale la pena destacar que muestran una confianza muy alta en la eficacia de la ley y la Constitución, en la capacidad de las burocracias estatales, en el impacto de un lenguaje incluyente y políticamente correcto, todo lo cual puede considerarse, a la luz de la historia de las FARC, como una señal clara de su incorporación en la lógica y la retórica de la acción política colombiana. Por otra parte, resulta clara la importancia que dan los acuerdos a la formulación de planes de diverso alcance y contenido. Hay planes decenales, cuatrienales, anuales, nacionales, locales, regionales, relativos a muy diferentes aspectos. En total, identifiqué al menos 32 planes pactados, la mayoría de los cuales requieren comisiones, equipos, instituciones nuevas e instancias diversas para su formulación y aplicación. ¡Bienvenidos a la democracia, al papeleo y a la burocracia!

La vigencia legal y constitucional del acuerdo

El acuerdo incluía normas fuertes para garantizar su eficacia legal: la de que se firmaría como un Acuerdo Especial a la luz de los Convenios de Ginebra (pp. 176 y 249: la interpretación del efecto de esto parece excesiva), para que su contenido hiciera parte del llamado “bloque de constitucionalidad”, la que pactaba una reforma constitucional para incluir el acuerdo “íntegramente” en la Constitución y la que señalaba que si era refrendado con el voto favorable de al menos un 13% del censo electoral se volvería parte del orden legal mediante una ley aprobatoria, votada en conjunto y con un control constitucional único.

La sentencia de la Corte, que definió que la refrendación popular del acuerdo mediante el plebiscito tiene un valor político, que los contenidos del acuerdo no se incorporan al orden legal en forma automática, que el plebiscito no tiene capacidad para modificar la constitución y que obliga exclusivamente al Presidente de la República, abre nuevas posibilidades para su desarrollo: según esto, el Congreso podrá modular -aunque sin violar el espíritu del mandato político popular- los acuerdos, incluso modificando algunas reglas establecidas, si considera que son contrarias a la Constitución o son inconvenientes o injustas.

En caso de que el acuerdo no sea refrendado, el impacto legal más grave parece ser la caída del Acto Legislativo para la Paz, de 2016. En esa circunstancia, aunque legalmente el presidente podría firmar un nuevo acuerdo, si las FARC están dispuestas a reiniciar negociaciones en forma inmediata para renunciar a mucho de lo conquistado, los mecanismos legales para ponerlo en práctica volverían a la norma usual, al quedar sin vigencia el sistema de trámite rápido de leyes y reformas constitucionales, los poderes especiales al presidente, etc. Esto haría casi imposible toda negociación en el resto del actual periodo presidencial y convertiría las elecciones de 2018 en un nuevo plebiscito sobre las reglas para una nueva negociación futura.

En el siguiente link puedes ahondar en cada uno de los puntos del acuerdo

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf

¿Será la paz un asunto de hombres?

           

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